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Política > Aprobación

Gobierno celebra: “bajar la imputabilidad a 14 años es acto de justicia”

La Casa Rosada destacó la sanción definitiva en el Senado del nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y afirmó que la medida es “un acto de justicia hacia la sociedad”.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Patricia Bullrich, junto a familiares de víctimas del delito. (Gentileza)

El Gobierno nacional celebró la sanción definitiva por parte del Senado de la Nación del nuevo Régimen Penal Juvenil, en el cual se incluye la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para delitos graves. En un comunicado oficial, difundido tras la aprobación en la Cámara alta, el Ejecutivo calificó la medida como “un acto de justicia hacia la sociedad” y una actualización necesaria del marco legal argentino. 

Desde la Casa Rosada señalaron que con esta reforma “la Argentina cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa”, al tiempo que se ajusta la norma a lo que consideraron “la realidad criminal del siglo XXI”. Según el texto oficial, con la modificación quien “tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos” deberá “responder ante la ley”, bajo la consigna de “delito de adulto, pena de adulto”. 

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El presidente Javier Milei destacó la labor de los legisladores que acompañaron el proyecto en el Senado y sostuvo que la reforma pone la seguridad y la protección de las víctimas por encima de todo. En el comunicado se afirmó que la ley permitirá “terminar con la impunidad y el caos que reinó durante décadas”. 

El texto oficial también remarca que esta modificación normativa refuerza principios como el orden, la libertad, y el derecho a la vida y a la propiedad privada, defendiendo que sólo existen consecuencias reales para quienes quebrantan la paz social. “En Argentina, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”, concluyó el Ejecutivo. 

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Además de la baja de la edad de imputabilidad, el Régimen Penal Juvenil estableció otras medidas relativas a penas máximas, institutos especializados para la atención de menores condenados y garantías procesales, aunque el Gobierno puso especial foco en el cambio de edad como eje de justicia y respuesta ante la inseguridad.

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