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Lanzaron el primer concurso para designar jueces y fiscales en el sistema acusatorio
Son 30 cargos en total y 26 van para atender las necesidades del procedimiento penal que se estrenará dentro de poco en la provincia.
Por pedido de la Corte de Justicia, el Consejo de la Magistratura lanzó este miércoles un concurso de designación de jueces y fiscales que es inédito por la cantidad de puestos en juego. El abultado número se explica en que 26 de los 30 cargos son para poner en funcionamiento el nuevo sistema de investigación en las causas penales, que se calcula que debutará entre diciembre y el primer trimestre de 2021.
De los cargos que salieron a concurso, los que se estrenarán con el sistema acusatorio son 6 de juez Penal, 15 de fiscal, 4 de defensor Oficial y uno de asesor de Menores. Por otra parte, se ponen en juego 2 de juez Penal de primera instancia y 2 de fiscal de primera instancia que ya existen y que recientemente quedaron vacantes, pero que a la larga también formarán parte del nuevo esquema.
Por la cantidad de puestos disponibles, en el Consejo de la Magistratura no dudan en que habrá una catarata de aspirantes. Los interesados deben mandar una solicitud de inscripción del 2 al 6 de noviembre al correo electrónico y luego serán citados para presentar la documentación que les requieran.
El concurso permitirá designar una parte de los jueces y fiscales que el sistema acusatorio necesita para comenzar a operar. Si bien eso se calcula que sucederá a fines de este año o principios del que viene, el proceso de nombramientos llevará tiempo y si termina mucho antes, los elegidos quedarán a la espera de ser puestos en funciones.
El nuevo sistema es parte de la reforma del Código procesal Penal que se aprobó en 2018 y consiste en un profundo cambio de paradigma en la tramitación de las causas de ese fuero. Actualmente el juez es el que investiga y resuelve y se genera una especie de incompatibilidad, cosa que cambiará porque la investigación pasará a ser propiedad de los fiscales y los magistrados se dedicarán a fallar y custodiar la legalidad del proceso.
El objetivo de fondo es revertir dos cuestiones que desde hace décadas causan muchos dolores de cabeza en la Justicia y en los justiciables: el bajo nivel de resolución de las causas y la morosidad. Con los fiscales trabajando en las comisarías, la apuesta es no perder tiempo a la hora de intervenir en un crimen y ganar en especificidad al investigar, lo que daría mayores chances de resolución de los casos.
La idea del máximo tribunal es que el cambio se haga de manera paulatina. La nueva forma de investigación de aplicará primero para delitos graves y complejos. Entre ellos, asesinatos, abusos sexuales, violencia de género y los delitos contra la administración pública.