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Ley de Libertad Educativa: elimina el 6% del PBI para educación y crea vales educativos
El proyecto de Ley de Libertad Educativa elimina el 6% del PBI destinado a educación y establece un nuevo modelo de financiamiento que incluye asignaciones directas a las familias mediante becas, vales educativos o créditos fiscales, priorizando un rol subsidiario del Estado.
El proyecto de Ley de Libertad Educativa introduce modificaciones sustanciales en el modelo de financiamiento del sistema educativo argentino, estableciendo un cambio paradigmático en la asignación de recursos públicos. La iniciativa legislativa propone transitar desde un sistema que tradicionalmente ha destinado fondos directamente a las instituciones educativas hacia un modelo basado en el principio de subsidiariedad del Estado.
Actualmente, el financiamiento educativo se rige principalmente por lo establecido en la Ley de Educación Nacional 26.206, que asigna recursos públicos directamente a las instituciones de gestión estatal y privada subvencionada. Este sistema incluye como referencia fundamental la meta de inversión del 6% del Producto Bruto Interno para educación, disposición que el nuevo proyecto propone eliminar explícitamente.
El borrador de la Ley de Libertad Educativa establece que el financiamiento público podrá canalizarse a través de tres vías principales: asignaciones directas a instituciones educativas, asignaciones específicas para familias o estudiantes, y partidas especiales destinadas a promover la equidad y la innovación educativa. Entre los instrumentos previstos para las asignaciones directas a los estudiantes se mencionan becas, vales educativos, créditos fiscales y otros mecanismos equivalentes.
El proyecto consagra el principio de igualdad en el acceso al financiamiento público para las instituciones educativas de gestión estatal y privada, fundamentado en la concepción del Estado como agente subsidiario en materia educativa. Esta perspectiva establece que la intervención estatal debe producirse de manera complementaria, apoyando a las instituciones y actores sociales cuando estos no puedan garantizar por sí mismos el derecho a la educación.
Como contrapartida a estas modificaciones, la iniciativa establece mecanismos de transparencia y evaluación del gasto educativo. Se crea un sistema federal de monitoreo de la inversión educativa en el ámbito del Consejo Federal de Educación, y se dispone que cada jurisdicción deberá promover evaluaciones periódicas e independientes del gasto educativo para asegurar que los recursos generen mejoras efectivas en los resultados de aprendizaje.
Estas propuestas de modificación del financiamiento educativo forman parte del conjunto de 136 artículos que componen el proyecto de Ley de Libertad Educativa, actualmente en discusión en el ámbito del Consejo de Mayo. La iniciativa representa una transformación estructural en la política educativa argentina que, de aprobarse, reconfigurará los mecanismos de asignación de recursos en el sistema educativo nacional.