Judiciales > Para evitar la cárcel
Los policías federales que le robaron $20 M a un camionero buscan un acuerdo
La defensa planteó una reparación económica y la Fiscalía se opuso, pero el jueves definirán si hay acuerdo.
POR REDACCIÓN
El juicio oral contra cuatro efectivos de la Policía Federal acusados de sustraer $20 millones a un camionero durante un control en Caucete sumó un giro inesperado antes de su inicio formal. Cuando el debate estaba a punto de comenzar, la defensa introdujo un planteo que alteró el curso previsto del proceso: propuso avanzar en una reparación económica para el denunciante como mecanismo de solución alternativa. La audiencia fue suspendida y se reanudará este jueves, una vez que el tribunal analice la presentación por escrito.
Los imputados son el oficial subinspector Matías Joaquín Barbeito, el sargento Gabriel Ángel Puca, el cabo primero Marcos Horacio Altamirano y el cabo Matías Leonel Vega Ante. Todos llegaron a esta instancia procesal bajo la acusación de haber cometido un delito contra el patrimonio en el marco de un procedimiento vehicular realizado en la localidad de Vallecito, departamento Caucete.
Según consta en la investigación, el camionero —oriundo de Tucumán— trasladaba $31 millones con destino al Mercado Central de Mendoza para comprar verduras. Durante el operativo en la Ruta 141, a la altura de Bermejo, los efectivos le habrían secuestrado $20 millones, indicándole que debía justificar el origen y traslado del dinero ante la Justicia Federal, dado que no se trataba de un camión de caudales.
De acuerdo con la denuncia, dos días después el transportista se presentó en el Juzgado Federal N.º 2 para recuperar el dinero incautado. Allí, siempre según su relato, le habrían informado que no existía registro alguno del secuestro de esos $20 millones en el acta labrada durante el procedimiento. Esa situación derivó en la radicación de la denuncia y en la apertura de una causa penal.
El expediente quedó a cargo del juez federal Leopoldo Rago Gallo, quien ordenó allanamientos en la Agencia Regional Cuyo de la Policía Federal Argentina, en la Delegación San Juan y en los domicilios particulares de los efectivos investigados. Los procedimientos fueron realizados por la Unidad Especial de Investigaciones de Gendarmería Nacional, con asiento en el Escuadrón Núcleo de Marquesado. Las medidas comenzaron en la madrugada y se extendieron hasta pasado el mediodía, con el resultado de cuatro detenciones.
En la antesala del juicio oral, los abogados defensores Fernando Bueno de la Cruz, Leonardo Miranda y Jorge Olivera Legleu sorprendieron al plantear la posibilidad de una reparación integral a favor del denunciante. La propuesta implica un resarcimiento económico como forma de extinguir la acción penal, mecanismo contemplado en determinadas circunstancias por la normativa vigente.
El tribunal colegiado, integrado por Hugo Echegaray, Daniel Doffo y Carolina Pereira, resolvió suspender la audiencia para que la defensa formalice la iniciativa y se evalúe su viabilidad. La Fiscalía, representada por el fiscal federal Fernando Alcaraz, manifestó su oposición al planteo y rechazó que existan contactos directos con el damnificado sin intervención oficial. Además, solicitó que cualquier instancia de diálogo se realice con la presencia de la defensora oficial federal Gema Guillén.
Finalmente, el presidente del tribunal autorizó una reunión entre las partes y el camionero en las próximas horas. Será el propio denunciante quien deberá decidir si acepta o no la reparación económica ofrecida, en un caso que aún no comenzó a debatirse y que ya abrió un nuevo frente de discusión judicial.