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Uruguay legalizó la eutanasia tras aprobar la ley de Muerte Digna en el Senado
Con amplio respaldo multipartidario, el Senado uruguayo sancionó la Ley de Muerte Digna, que garantiza el derecho a una muerte asistida para mayores de edad que padezcan enfermedades terminales o sufrimientos insoportables.
POR REDACCIÓN
Uruguay se convirtió este miércoles en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia, tras la aprobación de la Ley de Muerte Digna en la Cámara de Senadores, luego de más de diez horas de debate. La norma, respaldada por el Frente Amplio y legisladores de los partidos Colorado y Nacional, despenaliza la eutanasia para personas mayores de edad psíquicamente aptas que atraviesen enfermedades incurables, irreversibles o con sufrimientos insoportables.
El texto aprobado busca garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir”, permitiendo que quienes cumplan las condiciones puedan solicitar asistencia médica para poner fin a su vida de manera voluntaria y controlada. La ley contempla su aplicación tanto a ciudadanos uruguayos como a extranjeros residentes en el país.
Durante el debate, el senador Daniel Borbonet, del Frente Amplio, destacó la construcción responsable del proyecto y las garantías éticas y médicas que acompañan el procedimiento. “Este proyecto ha sido muy debatido y respetuoso de la voluntad individual. No impone conductas, sino que ofrece una alternativa para morir con dignidad”, subrayó.
En la misma línea, el senador colorado Ope Pasquet definió la iniciativa como “necesaria, liberal y humanitaria”, señalando que busca aliviar el sufrimiento de quienes enfrentan el final de la vida con dolor y sin esperanza de recuperación.
La norma fue votada tras un largo proceso legislativo que comenzó en la Cámara de Representantes, continuó en la Comisión de Salud Pública del Senado, y concluyó con el histórico aval parlamentario.
Con la ley sancionada, el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla en un plazo de 180 días, y luego conformar la Comisión Honoraria de Revisión, presidida por el Ministerio de Salud Pública, con representantes del Colegio Médico del Uruguay, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos. Este organismo evaluará los procedimientos realizados y elaborará un informe anual para las autoridades sanitarias y el Parlamento.
De esta manera, Uruguay marca un precedente histórico en la región, consolidándose como uno de los pocos países del mundo en reconocer por ley el derecho a una muerte digna, en consonancia con los principios de autonomía y respeto por la voluntad individual.