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Villarruel se desligó del aumento de dietas de los senadores
La vicepresidenta Victoria Villarruel salió a responder a las críticas por el aumento salarial de los senadores y aseguró que no tiene facultades para definir cuánto cobran los legisladores.
POR REDACCIÓN
La vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, se despegó de la polémica por el aumento en las dietas de los senadores y aclaró que no tiene intervención directa en la definición de los salarios de los legisladores. La aclaración llegó luego de una ola de críticas que surgieron tras conocerse la actualización de los ingresos parlamentarios.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Villarruel apuntó contra quienes la responsabilizaron por la medida y sostuvo: “Como vicepresidenta no soy senadora y no decido cuánto cobran. Eso lo deciden ellos”, en referencia a los propios legisladores que integran la Cámara alta.
La suba de las dietas está vinculada a los acuerdos salariales alcanzados para los trabajadores del Congreso, que implican una actualización acumulada cercana al 12,5%, lo que impacta indirectamente en los ingresos de los senadores, ya que sus sueldos están atados a ese esquema de módulos.
En ese contexto, la vicepresidenta señaló que tampoco define la cantidad de asesores que tiene cada senador ni los salarios que perciben, y remarcó que esas decisiones corresponden a los propios legisladores. Además, planteó como alternativa que el aumento salarial pueda ser donado a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, aunque aclaró que esa decisión queda a criterio de cada senador.
La polémica se produce en medio de cuestionamientos públicos al incremento salarial de la dirigencia política y de críticas dentro del propio oficialismo. El bloque de La Libertad Avanza también expresó su rechazo a la suba y sostuvo que los legisladores deberían dar una señal acorde al contexto económico del país.
El debate por las dietas parlamentarias volvió así al centro de la discusión política, en un momento en el que el Congreso enfrenta fuertes presiones por parte de la opinión pública para moderar el gasto político.