Estafa a la Caja MOB: tres de los cuatros acusados fueron sentenciados con cárcel, pero falta una instancia

Este jueves, el tribunal del juicio por la estafa a la Caja Previsional de los Médicos, Odontólogos y Bioquímicos (Caja MOB) dictó sentencia. En la lectura del fallo tres de los cuatro acusados obtuvieron penas por arriba de los tres años de cárcel, lo que significa que pueden ir a prisión, pero falta que la decisión de los jueces quede firme. Para esto, otro tribunal debe confirmar la sentencia, según explicaron fuentes judiciales.

El odontólogo Luis Minin recibió una condena de tres años y seis meses de prisión efectiva; el médico Víctor Oberdank del Valle Fernández obtuvo el mismo monto, a su vez el corredor inmobiliario Walter Orellano fue castigado con una pena menor: tres años y dos meses de cárcel. La única que no irá a la cárcel si el fallo queda firme en segunda instancia es la escribana María Isabel Carchano, que fue condenada con tres años de prisión condicional.

Las sentencias de los jueces Silvina Rosso de Balanza, Benedicto Correa y Daniel Guillén fueron mucho más bajas que las pedidas por el fiscal de cámara Daniel Galvini. El representante del Ministerio Público Fiscal había solicitado penas de seis años de cárcel, el doble de la sentencia, para Minin, Orellano y Carchano. En cambio, para Oberdank del Valle Fernández había pedido cinco años y seis meses de prisión.

Los abogados defensores Gustavo De La Fuente, Marcelo Salinas, Lisandro Zapata y Franco Marchese adelantaron en sus alegatos que pedirán la revocación del fallo si salía con condenas para los imputados y no las absoluciones como habían pedido cada uno. Es por eso, que tras escuchar el fallo este jueves, los abogados particulares De La Fuente, Marchese y el defensor oficial Zapata se quedaron hablando con sus defendidos para ver los pasos a seguir. Por su parte, las víctimas del perjuicio, quedaron conformes con la sentencia.

Los involucrados quisieron estafar sacando de la caja previsional más de un U$1.000.000 por la compra de un terreno en Santa Lucía, que tenía un valor mucho menor. El hecho salió a la luz hace más de 10 años y recién terminó el juicio después de un largo proceso de apelaciones y presentaciones de recursos. La Corte de Justicia les negó incluso a los acusados el beneficio de la suspensión de juicio a prueba (probation).