Judiciales > Juicio por Mala Praxis
Pidieron tres años de cárcel para la obstetra del Rawson acusada por la muerte de un bebé
La fiscalía pidió tres años y seis meses de prisión efectiva e inhabilitación por una década para la obstetra acusada de negligencia en el parto de Lorenzo Narváez Barrionuevo.
La causa por la muerte de Lorenzo Narváez Barrionuevo ingresó este martes en su etapa decisiva con el alegato final del Ministerio Público Fiscal, que reclamó una condena de tres años y seis meses de prisión efectiva para la obstetra Daniela Saldívar, además de diez años de inhabilitación profesional. El fiscal Francisco Micheltorena sostuvo que la médica actuó con negligencia durante el parto de julio de 2021 en el Hospital Rawson y pidió que sea detenida de forma preventiva una vez conocido el veredicto. También solicitó que dos profesionales de la salud que declararon en su favor sean investigadas por posible falso testimonio.
El alegato acusatorio planteó que Saldívar no reaccionó ante un cuadro que mostraba un proceso detenido durante horas, pese a que la paciente llevaba casi un día completo de internación con una inducción que no avanzaba y con signos claros de agotamiento. Según la reconstrucción fiscal, la dilatación progresaba con una lentitud incompatible con un parto seguro y el feto permaneció sin descender durante más de cinco horas, un período que excedía por completo los márgenes aceptados por los protocolos obstétricos. La hipótesis oficial sostiene que esa espera prolongada derivó en un episodio de asfixia que resultó irreversible: el bebé nació sin vida y fue reanimado en estado crítico.
Los peritos convocados por la acusación coincidieron en que una cesárea urgente habría evitado el desenlace. La médica forense María Beatriz Vázquez afirmó que los valores del cordón umbilical evidenciaban una asfixia sostenida y señaló que la historia clínica mencionaba la maniobra de Kristeller, desaconsejada por organismos internacionales. La tocoginecóloga Carla Sotimano indicó que la paciente presentaba dilatación retardada y detención del descenso, dos condiciones que exigían un monitoreo fetal continuo y una intervención quirúrgica inmediata. El obstetra Gustavo Paredes sumó que la falta de progreso y la ausencia de control cardiotocográfico impidieron advertir la gravedad del cuadro.
La fiscalía remarcó que la médica habría continuado el trabajo de parto sin monitoreo constante y consignado valores de latidos que no reflejaban el estado real del feto. Para el Ministerio Público, estas omisiones revelan impericia y negligencia en etapas críticas del proceso y explican el daño neurológico severo que sufrió el recién nacido.
La defensa, encabezada por el abogado Joaquín Moine, negó categóricamente la imputación y sostuvo que la evolución del parto se encontraba dentro de parámetros clínicamente aceptables. Cuestionó los informes periciales y afirmó que el desenlace no era previsible. También presentó a dos médicas como testigos, cuyos testimonios quedaron bajo la lupa tras el pedido fiscal de investigarlas.
Durante el debate declararon treinta testigos que aportaron distintas miradas sobre lo ocurrido. Una enfermera describió el episodio como un “parto de terror” y la abuela de la víctima aseguró haber presenciado un trato violento hacia la madre. El relato de Nadia Barrionuevo, madre del bebé, abrió el juicio semanas atrás con un testimonio estremecedor. Contó que durante la internación estuvo sometida a prácticas dolorosas, insistencias reiteradas para acelerar el proceso y maniobras de presión sobre su abdomen que la dejaban sin aire. Afirmó además que la falta de una cesárea se justificó en supuestas limitaciones del sistema público para atender la demanda quirúrgica.
La historia clínica, los informes de Neonatología y la autopsia confirmaron que el niño sufrió asfixia perinatal grave, encefalopatía hipóxica isquémica y un hematoma en el hígado que requirió cirugía, una lesión cuya causa generó controversias durante la investigación. El bebé vivió 23 días en estado crítico hasta fallecer por una falla multiorgánica, atribuida a la hipoxia prolongada. Para la familia, estos elementos confirman una cadena de negligencias que pudieron haberse evitado.
El expediente judicial acumula cuatro años de trayectoria desde el hecho ocurrido en julio de 2021. La etapa previa al juicio ya había señalado inconsistencias en el accionar profesional, entre ellas la insistencia en un parto vaginal pese a los signos de alarma. En audiencias anteriores, Saldívar defendió su criterio y afirmó que la evolución era normal, que el monitoreo estaba dentro de lo estipulado y que no consideró necesaria una cesárea, señalando incluso que en el sector público esa opción suele estar limitada por la demanda y los recursos.
Con los alegatos ya cerrados, el juez Alberto Caballero dará a conocer su resolución este miércoles. El veredicto definirá no solo la responsabilidad penal de la profesional sino también el rumbo de una causa que reabrió el debate sobre la atención obstétrica en el sistema público y sobre los límites entre el criterio médico y el cumplimiento estricto de los protocolos destinados a resguardar la vida de la madre y del bebé.