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Reforma laboral: el Gobierno denunciará por terrorismo a manifestantes
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el Ejecutivo presentará una denuncia federal por terrorismo contra los manifestantes que protagonizaron hechos de violencia durante el debate de la reforma laboral en el Congreso.
POR REDACCIÓN
El Gobierno nacional endureció su postura frente a los incidentes registrados durante el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso de la Nación Argentina y anunció que avanzará con una denuncia por terrorismo contra los manifestantes que protagonizaron los hechos de violencia. La decisión fue confirmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien sostuvo que los episodios superaron el marco de una protesta y respondieron a acciones organizadas.
Según la funcionaria, durante los disturbios se detectó el uso de elementos incendiarios y objetos preparados para agredir. “Gente con bidones de nafta y bombas Molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar”, afirmó. En esa línea, remarcó que el Gobierno considera que lo ocurrido debe ser encuadrado como un acto de terrorismo.
Monteoliva adelantó que el Ejecutivo consolidará pruebas para presentar una denuncia en el fuero federal invocando la figura penal de terrorismo prevista en la legislación argentina. “No fue solo una agresión a la policía. Fue un acto de terrorismo. Una bomba Molotov es una bomba, es un arma pensada para generar muerte y caos”, señaló. La calificación implicaría penas más severas, investigación federal y restricciones a la excarcelación.
Las fuerzas de seguridad ya avanzan en la identificación de los responsables. La ministra confirmó que al menos 17 personas fueron identificadas hasta el momento y que el número podría aumentar. La causa se tramita en la Unidad de Flagrancia Este con intervención de la fiscal Malena Mercuriali, mientras se analizan registros de cámaras de seguridad, imágenes de medios y bases biométricas.
De acuerdo con la información oficial, los implicados tienen edades diversas, desde jóvenes de 20 años hasta personas mayores de 60, y provienen mayormente de la provincia de Buenos Aires, aunque también se detectaron participantes de la Ciudad de Buenos Aires, Tucumán y Salta. Algunos presentan antecedentes penales y se investiga la posible vinculación de ciertos grupos con barras bravas y organizaciones de izquierda combativa o anarquistas.
Con esta decisión, el Gobierno busca enviar una señal de tolerancia cero frente a la violencia política en medio de un clima de alta tensión social y legislativa por el avance de la reforma laboral. La presentación judicial se realizará en los próximos días con el objetivo de que la justicia federal determine responsabilidades y el alcance de los hechos.