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Ley de Glaciares: la aclaratoria podría destrabar US$14.000 millones
La aclaratoria a la Ley de Glaciares se debatirá en febrero y, según fuentes de Nación, podría destrabar inversiones mineras por hasta US$14.000 millones en proyectos clave de cobre y litio.
Por Marcos Ponce
El debate de la aclaratoria a la Ley de Glaciares, previsto para febrero en el Congreso, volvió a colocar a la minería en el centro de la agenda económica nacional y, especialmente, en provincias como San Juan. Desde el Gobierno nacional y el sector empresario coinciden en que, de aprobarse la norma, se abriría la puerta para destrabar inversiones por alrededor de US$14.000 millones, hoy frenadas por la incertidumbre jurídica que genera la legislación vigente.
El mayor impacto se daría en el cobre, un mineral estratégico para la transición energética global. Al menos siete proyectos avanzados ubicados en San Juan, Mendoza, Salta y Catamarca podrían reactivarse si se aclaran los alcances de las zonas protegidas. Las inversiones asociadas a estos emprendimientos superarían los US$14.000 millones y permitirían que Argentina se posicione como cuarto o quinto exportador mundial, con una producción estimada en 1,2 millones de toneladas anuales.
Para San Juan, donde se concentran algunos de los proyectos cupríferos más importantes del país, la definición legislativa es observada como un paso decisivo. Las empresas advierten que, sin reglas claras sobre el alcance del área periglaciar, resulta imposible avanzar hacia etapas de construcción y financiamiento de largo plazo.
El litio es otro de los sectores que aparece en el radar. De apenas dos proyectos en producción en 2022, el país pasó a tener siete emprendimientos activos. No obstante, la caída del precio internacional —de valores cercanos a los US$80.000 por tonelada a poco más de US$10.000— expuso la volatilidad del mercado. Aun así, el mineral sigue siendo considerado estratégico para la industria de baterías y la transición energética, aunque la industrialización local todavía no logra escalar para ampliar significativamente la producción.
El impacto en el empleo es otro de los argumentos que el sector minero pone sobre la mesa. Cada proyecto de cobre demandaría cerca de 7.000 puestos de trabajo directos durante la etapa de construcción y más de 2.000 empleos en la fase operativa, con una vida útil que puede extenderse hasta 50 años. Sin embargo, las compañías insisten en que este tipo de compromisos solo son viables si existe seguridad jurídica y previsibilidad normativa.
En este escenario, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aparece como una herramienta clave para atraer capitales, tanto en cobre como en litio. No obstante, desde el sector privado reconocen que el régimen, por sí solo, no alcanza para disipar la desconfianza generada por los cambios impositivos y regulatorios de los últimos años.
La aclaratoria a la Ley de Glaciares, entonces, se presenta como una pieza central del rompecabezas. Para provincias mineras como San Juan, su aprobación podría significar el punto de inflexión necesario para convertir proyectos en inversiones concretas y pasar de la expectativa al desarrollo efectivo.